Hace un lustro y con el impluso de la Confederación Mapuche de Neuquén, nació el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas. Entrevistamos a la abogada Micaela Gomiz acerca de la situación actual de las comunidades en Puelmapu y de cómo vienen trabajando desde el espacio en este tiempo. Hoy se realizará una jornada de la que participarán referentes originarios y especialistas de diferentes regiones de Latinoamérica.
Por Soledad Arrieta
8300 Cooperativa de Trabajo para la Comunicación
“El Observatorio surge en el año 2008 a impulso de la Confederación Mapuce de Neuquén y de un grupo de profesionales que veníamos ya trabajando desde hacía tiempo en la defensa jurídica de las comunidades y de la confederación, en la práctica organizativa de las comunidades. Muchos éramos miembros del equipo jurídico de la Confederación Mapuce. En este impulso la idea fue armar una herramienta que pudiera contrarrestar los ataques jurídicos y en muchos casos judiciales que se daban en las comunidades mapuce de la provincia de Neuquén”, contó Gomiz: “en la última década ha tenido miles de causas contra el pueblo mapuce, muchas de ellas penales. En los últimos siete años ha habido más de trecientos cincuenta imputados mapuce. Lejos es la provincia que más imputados mapuce tiene el país”.
“Frente a esta realidad de avance del Estado por sobre los derechos de los pueblos indígenas, vimos la necesidad de armar un organismo que se pueda especializar y pueda trabajar específicamente en la promoción de los derechos de los pueblos indígenas y en la defensa; esto es acompañamiento legal, asesoramiento o representación directamente en causas judiciales”, relató la abogada.
Contó la referente del Odhpi que “llevamos adelante más de sesenta procesos judiciales en toda la provincia de Neuquén y tenemos algunas causas en la provincia de Río Negro, en lo que tiene que ver con litigios. Somos apoderados de muchas comunidades o directamente patrocinamos a miembros de las comunidades en algunas de esas causas y somos defensores penales de los imputados” y explicó que “siempre se trata de conflictos por el ejercicio de derechos colectivos, no por conflictos individuales de los miembros de la comunidad”.
El Observatorio también se aboca a la incidencia de políticas públicas, seguimiento del cumplimiento de los derechos por parte del Estado a través de informes, denuncias internacionales y contrainformes. Además, hacen investigación y generan publicaciones. En su orientación legal, se ocupan de los “conflictos originados en ejercicio de derechos territoriales. No solamente los casos directamente de titulación de tierras o falta de titulación de tierras o discusiones con terceros o particulares por delimitación de tierras, sino que a veces se derivan de conflictos territoriales”, contó Micaela Gomiz y añadió a esto causas con petroleras explicando que “en general no hay titulación, pero a su vez no hay reconocimiento estatal ni de las petroleras de esos espacios territoriales como propiedad comunitaria indígena, por lo tanto no se cumple con el derecho de consulta ante emprendimientos hidrocarburíferos, turísticos, forestales”.
“La causa común es la falta de reconocimiento y la titulación de los territorios indígenas de cumplimiento con la constitución con este tema”, señaló la abogada: “Neuquén, Río Negro y Chubut están atravesadas por los mismos problemas, que tienen su base en incumplimientos estatales: los derechos humanos y los tratados internacionales de derechos humanos los ratifica el Estado Nacional frente a la Comunidad Internacional; se obliga internacionalmente a su cumplimiento y quien entonces no cumple y garantiza esos derechos es efectivamente el Estado”.
Gomiz especificó que “la falta de titulación pone en situación de vulnerabilidad a las comunidades frente a cualquier embate, ya sea de privados o de, por ejemplo, instancias estatales provinciales, organismos como parques nacionales. Hay distintos espacios de gobierno en los distintos estamentos que en políticas concretas terminan violando esos derechos, pero por una violación anterior que es esta falta de reconocimiento territorial”.
“La relación que tienen los pueblos indígenas con los territorios hace que de esa violación surjan cientos de nuevas violaciones a derechos, porque el territorio no es un espacio material, sino que es también un espacio simbólico, espiritual, material desde el punto de vista, por ejemplo, de las medicinas tradicionales, de la soberanía alimentaria, de las prácticas ceremoniales. Todas estas condiciones de las que ellos podrían gozar teniendo garantizado su territorio libre de amenazas e interferencias, no lo pueden hacer si no tienen territorio comunitario en cantidad y calidad suficientes”, explicó la abogada del Odhpi. “La respuesta estatal en general es, además, la criminalización en el caso de que los pueblos indígenas ejerzan directamente esos derechos”, dijo: “los delitos que se investigan son usurpación, desobediencia a órdenes judiciales, daños. Son delitos que tienen que ver directamente con el ejercicio de derechos constitucionales”. Gomiz detalló que “las comunidades que están viviendo en un territorio y ejerciendo el derecho a la propiedad comunitaria indígena, son denunciados por particulares e investigados por el Estado por usurpación, cuando estamos en realidad hablando de tierras propias”.
En relación a los logros del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, la abogada relató que “a fuerza de insistencia, de lucha y de acompañamiento a las comunidades, de la pelea que han dado las comunidades, de la fuerza que han puestoy de pequeños avances que hemos ido viendo, en algunos casos viene modificándose la jurisprudencia en la justicia neuquina. Algunos fallos van mostrando que empiezan algunos jueces a ser receptivos de este nuevo paradigma jurídico que pone el eje en el respeto de la diversidad cultural y no busca formas de homogeneizar y obligar en pos de una igualdad social, tratar de aplicar las reglas de jerarquía inferior que tiene nuestro país para dar un tratamiento que en definitiva va en desmedro de los pueblos indígenas y en favor de terratenientes y empresarios, que es lo que hace años veníamos viendo en la provincia. Todavía no tenemos fallos del Tribunal Superior de Justicia que estén a la altura de las necesidades y de las nuevas interpretaciones que se vienen dando con la nueva constitución de después del ´94, con la incorporación del convenio 169 de la OIT. Todavía queda mucho camino por recorrer. Falta formación, hay desconocimiento de las normas. Algunos avances estamos empezando a ver”.
“Hay países como Colombia que están a décadas nuestras en avances, desde el punto de vista no solo judicial, sino también institucional, de cómo se ha ido adaptando la legislación nacional a los parámetros de la constitución y de los tratados internacionales”, relató Gomiz en relación a la participación indígena y a que “tienen un tribunal constitucional que ha tenido unos fallos excepcionales sobre todo en relación al derecho de consulta y al consentimiento libre, previo e informado”. Sobre Chile, expresó que “hay una situación muy violenta por parte del Estado contra el pueblo mapuce en el sur del país. Ellos tardaron muchísimos años en ratificar el convenio 169, no lo querían ratificar, querían hacerle modificaciones. Eran muy reticentes al texto. Pero apenas lo ratificaron empezaron a discutir, inclusive institucionalmente, cómo iba a ser la ley del derecho a la consulta. En Argentina hay una práctica política que viene desde hace décadas, en que se firman todos los tratados internacionales, pero después no tienen repercusiones internas a nivel legislativo ni institucional”.
La abogada del Odhpi contó con en nuestro país la aprobación del convenio 169 fue en 1992, pero que “recién en el año 2000, De La Rúa firmó el decreto de ratificación. En el 2001 entra en vigencia. Pasaron nueve años para que entrara en vigencia, pero hoy todavía no tenemos leyes que lo pongan en práctica y adecúen: no hay ley de propiedad comunitaria indígena, no hay ley de derecho de consulta, no hay avances legislativos que pongan en práctica ese convenio. La adecuación normativa es fundamental. Hace falta voluntad política”.
“Si hubiera una voluntad política de llevar adelante, por ejemplo, el reclamo que vienen haciendo los pueblos indígenas que es hacer una ley especial de propiedad comunitaria indígena, con participación indígena y que respete los estándares que existen hoy a nivel internacional en la materia, podrían hacerlo”, relató y recordó que “en el 2006 se llevó adelante la ley de emergencia territorial que promueve el relevamiento territorial de los pueblos indígenas y a siete años de su firma está por vencerse su plazo y de las mil y pico de comunidades que tenían que relavarse, no llega a doscientas el número de comunidades relevadas”.
La abogada del Odhpi resaltó que “hay un invisibilización de la situación en la que viven los pueblos indígenas. Lo vemos a diario. Cuando hablamos de Mariano Ferreyra, decimos Mariano Ferreyra, cuando hablamos de Sergio Ávalos, decimos Sergio Ávalos. Cuando decimos el hermano Qom muerto en Formosa, es el hermano Qom muerto en Formosa. No tienen rostro, no tienen nombre, son hasta parte del paisaje”.
“Los intereses que tiene el gobierno nacional son con los gobernadores, con muchos de los empresarios, con muchos de los terratenientes. Eso para mí es lo que trunca la voluntad política. Son preferibles los acuerdos con Monsanto, con Chevron, con la Barrick, con Gildo, con Sapag que avanzar sobre estas reivindicaciones, que son justas”, remarcó la abogada.
Para Micaela Gomiz, el gobierno nacional utilizó y utiliza la sensibilidad de la sociedad argentina en relación al reclamo de justicia por el genocidio acontecido en la última dictadura cívico militar “en pos de marcar un perfil de defensor de derecho humanos, de progresista, de nacional y popular”. Sostuvo que las autoridades deberían recordar la situación que viven los pueblos indígenas “debería sr el propio gobierno el que lleve adelante políticas activas para dar respuesta a esas necesidades que hoy existen”.
Más información de Jornada de aniversario del ODHPI
http://odhpi.org/2013/06/jornada-internacional-de-pueblos-indigenas/
http://www.mapuexpress.net/
